Por Natalia Tomelín

La Escuela 1-065 Juan Galo Lavalle, es el primer establecimiento educativo creado en el Departamento y una de las más antiguas de Mendoza. Allí concurren a diario 800 alumnos de nivel primario y se estima, que al menos, uno o dos estudiantes por curso presenta algún tipo de discapacidad. 

Lo cierto y concreto es que en materia de accesibilidad, la realidad refleja que la mayoría de las escuelas de Lavalle, como tantas otras en la provincia,  han debido - muchas aún no lo consiguen -  modificar, remodelar y/o construir en base a las nuevas necesidades motrices  e intelectuales de sus estudiantes. 

Las barreras arquitectónicas son un problema para los alumnos con discapacidad y un motivo de angustia para docentes y familias que a diario enfrentan estos inconvenientes edilicios. La falta  o inexistencia de rampas; baños adaptados; aparatos especiales; puertas de acceso sin las medidas de ancho correspondientes; picaportes y manijas sin la altura adecuada y la falta de estacionamientos debidamente demarcados, son algunos de los obstáculos que entorpecen la calidad educativa de muchos. 
 
Las escuelas con insuficiencias de infraestructura para personas con discapacidad terminan a la larga o la corta, trayendo dificultades para garantizar la igualdad de acceso a la educación de sus alumnos. 

La discapacidad implica un amplio abanico y todos los niños y niñas con discapacidad requieren de un tratamiento específico, un abordaje interdisciplinario donde se combine el trabajo entre la escuela y el grupo familiar. La tarea es compleja y requiere de un gran compromiso y que involucra un costo emocional y también económico. 

A las deficiencias estructurales se suman otros limitantes, muchas de las familias de estudiantes con discapacidad no cuentan con recursos para enfrentar costosos tratamientos, encontrándose a la deriva por falta de recursos económicos. También, por falta de información y/ o conocimiento, quedan en total estado de desamparo y olvido. Familias que ni siquiera pueden acceder a pequeñas posibilidades para luchar y adquirir esos derechos que el Estado debería proveerles.

Ana, es mamá de un niño de 9 años que asiste a la Escuela Galo. Francisco tiene parálisis cerebral infantil y debe asistir desde su nacimiento a un centro de rehabilitación que le proporciona su obra social que se ubica a 40 kilómetros del lugar donde se ubica la escuela en Tulumaya. Aunque cuenta con el Certificado Único de Discapacidad, es una enorme complicación  a lo que se enfrentan para retirarlo del establecimiento educativo a las 12.30 horas y poder llegar a tiempo a las terapias, las que comienzan a las 13.30 en la Ciudad de Mendoza. 

La falta de estacionamiento frente a la escuela, (Polonio Montenegro), provoca el colapso vehicular, convirtiéndose en caótico y peligroso durante los horarios de ingreso y egreso escolar y alterando toda posibilidad de cuidar y respetar la integridad física de los niños y niñas que asisten a la escuela. Y mucho más aún, cuando se transita con un niño con discapacidad que requiere para su traslado el uso de algún elemento, por ejemplo silla de ruedas.

“El problema que tenemos con el horario a las terapias es que si bien podemos coordinar con los especialistas, no hay cupos, están la mayoría de los turnos cubiertos. Y como son a las 13.30 sus terapias, muchas veces no cuento con un lugar donde estacionar y retirarlo. Por eso es que contar con un lugar destinado para estacionar es un gran beneficio”, relato muy contenta Ana. 

Al mismo tiempo, la madre de Fran, quien a su vez acompaña a otras madres en las mismas condiciones, expresa su voluntad y compromiso de ser portavoces de sus  hijos y de todos los niños que tienen algún tipo de discapacidad, con la intención de que cada vez se consiga alcanzar el respeto por una infancia protegida con igualdad de condiciones. “Es difícil la vida misma para todos, pero cuando tenés una condición diferente, falta preparación y no es culpa de nadie, sino que las cosas se hacen para cubrir las necesidades de la mayoría. Pero se debería darle realidad a los demás también. Sé que hay muchas limitaciones, somos la menor minoría al momento de respetar los derechos de igualdad a la educación, salud, al juego de todos y para todos”, relató haciendo alusión a los desafíos que enfrentan a diario.

También, Ana nos comenta que desde hace algunos años los padres vienen solicitando mediante reuniones y notas, ciertas mejoras. “Es un trabajo enorme, muchas puertas que se cierran en la cara” detalló. Al mismo tiempo destacó que la escucha de los directivos de la escuela, el apoyo de sindicatos y el aporte del municipio se ha logrado delimitar el estacionamiento para personas con discapacidad frente a la puerta de la escuela.

En cuanto a las barreras que enfrentan los niños con discapacidad en la educación, muchas de ellas son arquitectónicas pero a hay que sumarle otras como:9 la falta de recursos educativos adaptados, la adecuada  capacitación docente (solo algunas familias pueden hacer frente al acompañamiento de un docente particular que esté presente en el aula.

En otros casos el mismo docente de enseñanza común, tiene a cargo aulas superpobladas de alumnos) la falta de políticas educativas verdaderamente inclusivas y sobretodo el estigma ,falta de conciencia y empatía social son pendientes que debemos trabajar profundamente para alcanzar una sociedad justa, con equidad y respeto por todos sus ciudadanos.

La inclusión de los niños y adolescentes con discapacidad es todavía una asignatura pendiente en nuestro país, a pesar de la legislación nacional vigente y el diverso tratamiento legislativo de las provincias y el departamental propio. Los planes de obras públicas municipales carecen de obligatoridad legal para asignar recursos específicos destinados a la adaptación de los espacios públicos existentes. El vacío legal sobre la obligatoriedad no hace otra cosa que exponer las acciones de gobierno - en este sentido - a la voluntad del gestor de turno. Es decir, la acción del estado para la inclusión esta atado a la empatía del gobernante de turno.

Por suerte, hay exepciones. En Lavalle, acciones como éstas sirven de estímulo, animan a otros a imitar comportamientos y nos desafían a muchos otros, a seguir luchando por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. A insistir para que tal vez en un mañana próximo las cosas que son Ley no deban suplicarse, sino tan solo cumplirse y respetarse.