El fuero Contencioso Administrativo de Bariloche condenó al Estado de Río Negro y a una docente por las graves quemaduras que sufrió una alumna de 12 años durante un experimento de ciencias naturales en la Escuela 298. El hecho ocurrió cuando la menor participaba de una práctica en el aula y una llamarada de alcohol le provocó lesiones en el rostro, cuero cabelludo y oreja.

Producto de este accidente, la familia de la joven denunció la negligencia de la docente y la falta de protocolos de seguridad en el establecimiento educativo, lo que llevó a un proceso judicial que finalmente reconoció la responsabilidad del Estado y de la maestra a cargo de la clase.

La demanda indica que el accidente ocurrió mientras los estudiantes realizaban un experimento con bolitas de malvavisco embebidas en alcohol, que se encendían sobre un pupitre para demostrar un proceso químico. En una ocasión, la docente tomó una botella plástica con alcohol y, al apretarla a pocos centímetros del fuego, provocó una llamarada que impactó directamente sobre la alumna, causándole quemaduras en el mentón, la boca, la cabeza, el cuero cabelludo y la oreja derecha.

Desesperada, la niña corrió fuera del aula en busca de ayuda, hasta que otro docente logró apagar el fuego en su cabello. A pesar de la gravedad de la situación, la escuela tardó en informar a los padres. Primero se comunicaron con la familia equivocada, y cuando finalmente lograron dar con los verdaderos responsables, la jornada escolar ya había terminado.

Según la denuncia, la institución no activó ningún protocolo de emergencia, aplicando medidas inadecuadas para tratar las quemaduras. La menor fue asistida con hielo y gel frío, cuando en realidad esos métodos son contraproducentes para este tipo de lesiones.

El fallo del juez interviniente consideró probado que la docente actuó de manera negligente al realizar el experimento en un aula común, sin las medidas de seguridad adecuadas y sin prever los riesgos de manipular un material inflamable en proximidad de los alumnos. Además, determinó que el Estado debe responder de manera objetiva por los daños sufridos por los estudiantes dentro del ámbito escolar, dado que la menor estaba bajo su tutela al momento del incidente. La sentencia, que aún no está firme, fijó una suma de dinero en concepto de indemnización.