ACTUALIDAD
21 de noviembre de 2024
BUSCAN SANCIONAR A LAS AUTORIDADES JUDICIALES QUE NO TRAMITEN LAS ACCIONES EN TIEMPO Y FORMA
El senador David Sáez plantea modificaciones a la Ley 8928 del Ministerio Público de Defensa y Pupilar para lograr mayor celeridad en las causas.
De acuerdo a esta iniciativa, es fundamental para una buena administración la promoción de manera insoslayable, permanente y sin dubitaciones de quienes integran el Ministerio para estar al servicio de la persona, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, con calidad y calidez.
En esta línea, Sáez intenta imponer un sistema sancionatorio para los miembros del ministerio de justicia que no cumplan con su deberes de funcionario público "previsto en el Estatuto del empleado Público, Reglamento del Poder Judicial y el que se dicte al efecto” dice el legislador.
Las modificaciones centrales a la Ley 8928 serían en el “Artículo 12 inc. 10: – En materia disciplinaria, atenderá las quejas que ante él/ellas se promuevan por la inacción, retardo o negligencia de todos los miembros del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, debiendo instarlos al cumplimiento de su deber, fijarse término para su expedición, y aplicar el régimen disciplinario que se dicte al efecto sin perjuicio de que constituya causal de Jury de Enjuiciamiento. Asimismo, tendrá la facultad de imponer sanciones a Magistrados, funcionarios y empleados en los casos y formas establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto” dictaría la nueva regla.
Asimismo se avanzaría sobre el artículo 24 de la misma ley que quedaría redactado " Le será aplicable a los Magistrados/as, Funcionarios/as y personal en general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, el régimen disciplinario previsto en el Estatuto del empleado Público, Reglamento del Poder Judicial y el que se dicte al efecto”.
El espíritu de las modificaciones "es de vital importancia para hacer aún más eficiente la asistencia técnico-jurídica y el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Para ello deviene ineludible hacer hincapié y reforzar el compromiso con el ejercicio de la función pública de todos los miembros del Ministerio. Este compromiso debe ser directamente proporcional con la sensibilidad e importancia de los bienes jurídicos protegidos en el caso concreto en el cual se interviene”, reza un fragmento del proyecto en cuestión.
La iniciativa será tratada en el próximo martes. Previamente los integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se reunirán con integrantes del Poder Judicial para ahondar en la materia.